En un mercado dominado por el Estado a pesar de la desmonopolización en Uruguay, donde el 40% del parque automotor no está cubierto de modo alguno y garantizar la responsabilidad civil no es obligatorio, no resulta fácil incorporar compañías que se dediquen a ese ramo.
Hay en el país un elevado índice de siniestralidad con una elevada cantidad de accidentes de tránsito que originan alrededor de 600 víctimas fatales por año con una población relativamente baja.
Automóviles es, sin embargo, el sector con mayores negocios pues representa el 34% de las primas directas contratadas, pero la inexistencia de normas rígurosas y la baja litigiosidad que provocan
los siniestros desmerece la perspectiva que ofrece
haciendo necesaria una competencia fuerte para acceder a una franja pequeña de la actividad.